La ley, aprobada por los parlamentarios del partido de la mayoría conservadora UMP y con el voto en contra de los socialistas, pretende una mayor verificación de la validez de los matrimonios celebrados en el extranjero, que necesitarán en caso de duda para ser validados en Francia una audición por parte de las autoridades consulares galas.
Las autoridades francesas pretenden evitar que el matrimonio sea utilizado para que uno de los cónyuges obtenga el estatuto de residente en Francia y luchar contra la inmigración irregular.
La ley incluye un dispositivo por el que pasa a ser obligatorio el control de la identidad de las personas que pretenden contraer matrimonio, e incluso contempla un interrogatorio de los futuros esposos en caso de que existan dudas sobre el libre consentimiento de cada uno de ellos.
El ministro francés de Justicia, Pascal Clément, defendió el texto porque trata de impedir la utilización del matrimonio con "fines migratorios" y además "restablece el equilibrio entre la libertad de casarse con el control de la sinceridad de la intención matrimonial".
Clément había defendido la pertinencia de esta ley teniendo en cuenta que el número de bodas celebradas en Francia entre franceses y extranjeros había aumentado un 62% entre 1999 y 2003. En 2005, hubo 50.000 de esos matrimonios del total de los 275.000 celebrados en Francia, a los que hay que sumar 45.000 formalizados en el extranjero pero que concernían a franceses o residentes en Francia.
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